Puede afectar la seguridad de sus fronteras, la forma en que se dictan veredictos en los tribunales y la forma en que se construyen infraestructuras públicas, como carreteras y escuelas. También tiene un costo significativo para los bolsillos del público: se calcula que la corrupción pública le cuesta al gobierno de Estados Unidos y al público miles de millones de dólares en impuestos cada año.
Se centra en:
- Investigar violaciones de la ley federal por parte de funcionarios públicos en los niveles de gobierno federal, estatal y local.
- Supervisar la investigación a nivel nacional de denuncias de fraude relacionadas con adquisiciones, contratos y programas financiados por el gobierno federal.
- Combatir la amenaza de la corrupción pública a lo largo de las fronteras y puntos de entrada del país para disminuir la vulnerabilidad del país al tráfico de drogas y armas, el tráfico de inmigrantes, el espionaje y el terrorismo.
- Abordar delitos ambientales, fraude electoral y asuntos relacionados con las adquisiciones, contratos y programas financiados por el gobierno federal.